Chilean exports of wood to the United States, almost all of which come from this southern region, are about $600 million a year and rising. Though an international campaign led by the conservation group Forest Ethics resulted in the Home Depot chain and other leading wood importers agreeing late last year to revise their purchasing policies, to "provide for the protection of native forests in Chile,'' some militant Mapuche leaders are not satisfied.

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"The big companies and the big landowners are usurpers who profit at our expense, and we want them to leave," complained José Huenchunao, a Mapuche leader in an area east of here who is among the 18 scheduled to go on trial. "We are a people who have been defrauded, who have exhausted every legal means of attaining redress, and we have the right to recover what was stolen from us, even if that means incorporating violence within our struggle."

In an effort to defuse tensions, a special government body, the Commission for Historical Truth and New Treatment, issued a report late last year calling for drastic changes in Chile's treatment of its indigenous people, more than 80 percent of whom are Mapuches. The recommendations included the formal recognition of political and "territorial" rights for Indian peoples, as well as efforts to promote their cultural identity.

President Ricardo Lagos has hailed the document as an effort to "correct the errors, at times inevitable, that the Chilean state committed in its treatment of ethnicities." But neither Mapuche leaders nor forestry interests seem satisfied, and despite Mr. Lagos's promise to push for adoption of the measures, the Chilean Congress has taken no action.

Some Mapuche leaders, including Mr. Huilcamán, who was a member of the commission, oppose the report because they think it "a colonialist document" that does not go far enough. But landowners believe that the self-determination provisions of the plan will encourage Indian uprisings like the one in Chiapas, in Mexico, or even lead to separatist Indian movements like those that have sprung up in neighboring Bolivia, Peru and Ecuador.

"Carried to an extreme, this could lead to the dismemberment of the Chilean state," said Juan Agustín Figueroa, a former agriculture minister and Supreme Court justice who is a leading spokesman for property holders in this region. "National unity is a great achievement, won at great cost, and it is folly to talk of granting autonomy to 'Mapuche territory.' "

Mr. Figueroa's family has owned a 3,000-acre farm here since the 1940's and he said that "we always had a good neighbor policy with the Mapuches." But late in 2001, after what he described as "first threats and then forest fires, a group of radical Mapuches burned down" a manor house on the property.

Though he said he recognized that Mapuche organizations had nothing in common with "groups like Al Qaeda or those in Iraq," Mr. Figueroa argued that use of the antiterrorism statute against them was appropriate on both judicial and political grounds. But it is precisely that two-pronged campaign against the Mapuches that worries their advocates.

"In the 1990's, the Mapuche cause had more support among the Chilean population than it does today," said Rodrigo Lillo, a lawyer who has defended Mapuche leaders in military tribunals. "By using the terrorist law, the government has not only succeeded in disarticulating Mapuche groups, it has also robbed them of the moral prestige and sympathy they once enjoyed."

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Traducido por Paul Hobi

TRAIGUÉN, Chile – Antes de que llegaron los conquistadores, e incluso por siglos después, los bosques exuberantes y verdes del sur de Chile pertenecieron al pueblo Mapuche. Pero hoy, plantaciones forestales estiran en todas direcciones aquí, la propiedad de empresas forestales que suministran madera a los Estadus Unidos, Japón y Europa.

Pero ahora los Mapuche, quejándose de falsos títulos de tierra y daños ambientales y a su estilo de vida tradicional, están luchando para reivindicar la tierra que ellos dicen que todavía les pertenece. Mientras su confrontación con intereses corporativos se ha incorporado mas violencia, el nombrado gobierno socialista de Chile ha intentado desarticular el movimiento indígena invocando una versión modificada de la ley antiterrorista de la época de la dictadura del General Augusto Pinochet, 1973-1990.

A pesar de protestas internacionales, 18 lideres Mapuche están destinados para ir a juicio, acusado bajo una normativa que sanciona por “causar temor entre sectores de la población.” Las cargas provienen de una serie de incidentes durante los últimos siete años en los que los grupos de mapuche han quemado plantaciones, fincas o han destruido equipo y camiones forestales.

'Claramente, esto es un conflicto en que se han cometido algunos crímenes bastante graves,' dijo Sebastian Brett, un representante de Human Rights Watch en Chile. 'Pero eso no significa que les puede poner a las personas implicadas “terroristas”. Estos crímenes, no son contra la vida ni la libertad humana, pero básicamente contra propiedad, y ellos provienen de un sentido amplio de la queja entre los Mapuche de que a ellos se les ha enajenado ilegalmente de sus tierras.'

Para muchos Mapuche, el conflicto actual es la continuación de un conflicto que ha existido desde que llegaron los conquistadores en el siglo XVI. Retirándose al sur del Río Bío-Bío, ellos triunfaron no sólo por detener el control español, sino también, por mantener su independencia reconocida formalmente en tratados, y siendo incorporados al Estado chileno sólo en los 1880 como resultado de una serie de expediciones militares violentas.

Después de eso, en una imitación consciente del método Estadounidense de tratar con pueblos indígenas, Chile puso los Mapuche en reducciones para que colonos alemanes, italianos y suizos pudieran asentarse en la región. Pero por los años 1920, las políticas habían cambiado, y los Mapuche perdieron un fragmento importante de sus títulos, disminuyendo aún más sus tierras ancestrales por los procedimientos que ellos ahora describen como ilegal.

'Desde el momento que el estado chileno adjuntó el territorio Mapuche, y la violencia utilizada para hacer eso, el Estado de Derecho nunca ha existido al sur del Bío-Bío,' dijo Aucán Huilcamán, un líder del Consejo de Todas las Tierras, una organización Mapuche con sede en la ciudad de Temuco, al sur de aquí. 'El estado niega reconocer que somos un pueblo con derechos que son vigentes aún antes de que Chile existiera como un Estado y que siguen vigentes hoy.'

Durante la década pasada, 'los Mapuche han visto la economía del país crecer rápidamente' como el resultado de las políticas del libre mercado que han llevado a un “boom” de la exportación de productos Chilenos, dijo José Bengoa, historiador destacado de Chile sobre los Mapuche, un grupo que alcanza un millón de los 15 millones de personas viviendo en Chile. 'Pero ellos están a sí mismo en un estado de la miseria, con un conocimiento de su situación que los lleva a la desesperación y la exasperación.'

A pesar de que intereses japonés y suizos están activos aquí en la región que los Mapuches llaman ' la Araucanía,' Las dos principales compañías forestales son chilenos. En la misma tierra que los Mapuches reclaman como suyo, las forestales han plantado centenares de millares de hectáreas con pino y eucaliptus, especies que no son nativas a la región y que consumen mucha agua y se emplean grandes cantidades de fertilizante.

“Muchas comunidades Mapuches se han levantado y han dicho ‘Nosotros no queremos más plantaciones aquí,' '' dijo Alfredo Seguel, un líder de un grupo de profesionales jóvenes Mapuches llamado Konapewman. 'Campos productivos han sido convertidos en monocultivos en desmedro de otras actividades, ayudando a destruir la tierra, empobreciendo, dañando, sin generar mayores empleos a las personas y salarios bajos”

Sin embargo, las evidencias de un paisaje transformado están por todas partes aquí. Las carreteras con las carteleras que proclaman, 'Si el bosque crece, Chile crece”; obedezca a la ley de la silvicultura,' corren los kilómetros y más kilómetros pasando sólo plantaciones, árboles fragantes que se espacian uniformemente y casi idénticas en su altura.

Las exportaciones chilenas de madera a los Estados Unidos, casi todas los cuales vienen de la región sureña, están cerca de U$600 millones al año y van subiendo. Aunque una campaña internacional dirigida por la ONG ambiental Forest Ethics provocó que la cadena de Home Depot y otros importadores destacados de madera acordaron el año pasado revisar sus políticas compradoras para , 'tomar medidas para la protección de bosque nativo en Chile,'' algunos líderes militantes Mapuches no están satisfechos con esto.

'Las compañías grandes y los latifundistas son usurpadores que ganan a nuestra costa, y nosotros queremos que ellos se salgan,' denunció José Huenchunao, un líder Mapuche de una área este de acá, que está entre los 18 destinado para pasar al juicio. 'Somos un pueblo que ha sido engañado, que ha agotado todos los medios legales de alcanzar reparación, y nosotros tenemos el derecho de recuperar lo que nos fue robado, incluso si eso significa usando medios que incorporaran la violencia dentro de nuestra lucha.'

En un esfuerzo para desactivar las tensiones, se conformó un equipo especial gubernamental, la Comisión para la Verdad Histórica y Nuevo Trato, quien publicó un informe el año pasado recomendando cambios drásticos en el tratamiento de los indígenas en Chile, de los cuales más de 80 por ciento son Mapuche. Las recomendaciones incluyeron el reconocimiento formal de derechos políticos y 'territoriales' para personas indígenas, y también esfuerzos de promover su identidad cultural.

El presidente Ricardo Lagos ha ensalzado el documento como un esfuerzo para 'corregir los errores, a veces inevitable, que el estado Chileno cometió en su tratamiento de las etnias.' Pero ni los líderes Mapuche ni los intereses de los forestales parecen satisfechos, y a pesar de que el Sr. Lagos ha hecho una promesa para empujar para la adopción de las medidas, el Congreso chileno no ha tomado ninguna acción.

Algunos líderes Mapuches, incluso el Sr. Huilcamán, que era un miembro de la comisión, se opone al informe señalando que es 'un documento colonialista' que no va suficientemente lejos. Pero los latifundistas creen que las propuestas de autodeterminación del plan alentarán los levantamientos indígenas como en Chiapas, México, o llevarán aún a separatismo por parte de los movimientos indígenas como ésos que han aparecido en Bolivia, Perú y Ecuador.

'Llevado a un extremo, esto podría llevar a cabo el desmembramiento del estado chileno,' dijo Juan Agustín Figueroa, ex-ministro de agricultura y juez del Corte Supremo que es un portavoz destacado para propietarios en esta región. 'La unidad nacional es un gran logro, se ganó a gran costo, y es una locura hablar de otorgar autonomía al ‘territorio Mapuche.' '

La familia del Sr. Figueroa ha poseído una granja de 3,000 hectares aquí desde los 1940 y él dijo que 'nosotros siempre tuvimos una política de buen vecino con los Mapuche.' Pero en 2001, después de lo que él describió como 'primero amenazas y después incendios de bosque, un grupo de Mapuches radical quemó' una casa patronal en la propiedad.

Aunque dijo que reconoció que las organizaciones Mapuches no tuvieron nada en común con 'los grupos como Al Qaeda o aquellos en Irak,' El Sr. Figueroa argumentó que el uso de la ley antiterrorista contra ellos era apropiado políticamente y judicialmente. Pero es precisamente esta campaña de dos estrategias contra los Mapuche que preocupa sus defensores.

A fines de los 1990, la causa Mapuche tuvo más apoyo entre la ciudadana chilena que tiene hoy,' dijo Rodrigo Lillo, un abogado que ha defendido a líderes Mapuches en tribunales militares. 'Utilizando la ley terrorista, el gobierno no sólo ha conseguido desarticular organizaciones Mapuches, también les han robado del prestigio y la simpatía moral de la que anteriormente mantenían.'